La ley 26.160 vencía en noviembre de 2017. Luego del trabajo de comunidades de todo el país y organizaciones de derechos humanos, se logró una nueva prórroga por cuatro años y actualmente está en vigencia.
Esta normativa fue sancionada a fines del 2006 con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional, una de las principales obligaciones que el Estado argentino ha contraído al reconocer los derechos de los pueblos originarios. En noviembre de 2017 fue prorrogada por cuatro años.
La norma suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, cuya dirección pone a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).